España multa a Airbnb con más de 64 millones de euros y Colombia prepara un decreto que podría sacarla del país.

Seis Grados. Madrid, España. En diciembre de 2025, Airbnb se convirtió en protagonista de una tormenta regulatoria en dos mercados clave para el turismo global: España y Colombia. Aunque las medidas adoptadas por ambos gobiernos responden a realidades distintas, la coincidencia temporal revela una tendencia común: el endurecimiento del control estatal sobre las plataformas de alquiler turístico. Las decisiones tomadas —y las que están por venir— podrían tener efectos profundos sobre destinos que hoy dependen de Airbnb para suplir la falta de camas hoteleras y sostener su crecimiento turístico.

España: una multa histórica que marca un precedente

El Gobierno de España impuso a Airbnb una sanción de 64.055.311 euros, una de las multas más altas aplicadas hasta ahora a una plataforma digital de alojamiento. La decisión fue tomada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras determinar que la empresa publicitó más de 65.000 anuncios de alojamientos turísticos sin licencia o con información irregular.

Según la resolución oficial, la multa equivale a seis veces el beneficio ilícito estimado que Airbnb habría obtenido al mantener activos estos anuncios. Las autoridades concluyeron que muchos de los inmuebles no contaban con número de registro turístico, utilizaban códigos inexistentes o inducían a error al consumidor al no aclarar si el anfitrión era un particular o un operador profesional.

Este conflicto no surgió de la noche a la mañana. Previamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló la retirada de cerca de 66.000 anuncios considerados ilegales, reforzando la postura del Ejecutivo de actuar con firmeza frente a lo que considera prácticas de publicidad engañosa y competencia desleal en el mercado del alojamiento.

Airbnb, por su parte, anunció que recurrirá la sanción. La compañía sostiene que la multa es desproporcionada y contraria al marco legal español y europeo, y asegura que ha colaborado con las autoridades y avanzado en la depuración de anuncios irregulares. Sin embargo, el mensaje político es claro: España busca frenar el impacto del alquiler turístico en el acceso a la vivienda y reforzar el control sobre una actividad que considera insuficientemente regulada.

Colombia: un decreto que podría redefinir el alquiler turístico

Mientras España castiga conductas pasadas, Colombia debate una reforma que podría cambiar el futuro del sector. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo prepara un proyecto de decreto que endurece las condiciones para operar plataformas de alojamiento turístico como Airbnb, con la posibilidad de que su implementación complique seriamente su permanencia en el país.

El borrador propone transformar el Registro Nacional de Turismo (RNT) en un sistema de verificación previa. Esto implicaría que cada inmueble ofertado cumpla no solo con el registro, sino también con requisitos adicionales como uso del suelo permitido, autorizaciones de propiedad horizontal y validaciones administrativas más estrictas. Las plataformas, además, tendrían la obligación de verificar la vigencia del RNT de cada anfitrión al menos cada seis meses.

Gremios y expertos han advertido que el decreto podría convertirse en una barrera de entrada difícil de superar, especialmente para pequeños propietarios. La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones ha señalado que estas exigencias se asemejan a un esquema de licenciamiento complejo, sin un periodo de transición claro.

El debate es especialmente sensible si se consideran las cifras económicas del sector. Datos recientes indican que la actividad de vivienda turística en Colombia generó un impacto superior a 10,6 billones de pesos y contribuyó al sostenimiento de más de 215.000 empleos directos e indirectos. Además, por cada dólar gastado en alojamiento a través de plataformas como Airbnb, se estima que se generan 48 dólares adicionales en gasto turístico local, beneficiando a restaurantes, transporte, comercio y actividades culturales.

Dos contextos distintos, un mismo riesgo para el turismo

Aunque España y Colombia avanzan por caminos regulatorios diferentes, el efecto potencial converge en un mismo punto: la reducción de la oferta de alojamiento turístico. En ambos países, Airbnb ha funcionado como un complemento clave en destinos donde la infraestructura hotelera no crece al mismo ritmo que la demanda.

Una aplicación rígida de sanciones o regulaciones podría traducirse en menos opciones de hospedaje, especialmente en temporadas altas, con consecuencias directas como el aumento de precios, la pérdida de competitividad frente a otros destinos y el fortalecimiento de la informalidad. En ciudades intermedias y zonas emergentes, donde la inversión hotelera es limitada, el impacto podría ser aún más severo.

Regulación sí, pero con equilibrio

Los conflictos entre Airbnb y los gobiernos de España y Colombia reflejan un nuevo momento para el turismo digital. Los Estados buscan proteger al consumidor, garantizar legalidad y atender problemas estructurales como el acceso a la vivienda. Sin embargo, el desafío está en diseñar regulaciones que no asfixien una actividad que ha demostrado ser un motor económico y un soporte clave para el desarrollo turístico.

Si las medidas no logran un equilibrio entre control y viabilidad, el riesgo no será solo para Airbnb, sino para los destinos que dependen de este modelo para recibir visitantes, generar empleo y dinamizar sus economías locales.